La decisión en las urnas de los guatemaltecos sigue bajo ataque. Esta semana se vivieron tres momentos críticos.
El primero, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) evaluó el cumplimiento de la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de revisar las actas de las votaciones que son administradas por más de 150 mil ciudadanos independientes en todo el país. Y es que el Pacto de Corruptos, la alianza informal de políticos, elites burocráticas y empresariales que controla los poderes del Estado, no admite en el balotaje al socialdemócrata Bernardo Arévalo, a quien consideran una amenaza a sus intereses.
Antes del veredicto Guatemala permaneció en vilo, por la desconfianza que despiertan los trece magistrados de la CSJ, seleccionados de manera opaca en 2014 por dos influyentes políticos que después fueron perseguidos en Guatemala y Estados Unidos por graves casos de corrupción, aunque ya están de vuelta interfiriendo en el sistema de justicia; además, estos jueces debieron entregar sus cargos hace cuatro años, pero el actual Congreso de diputados está cómodo con ellos y se ha negado a integrar nuevas Cortes.
La decisión de la CSJ el lunes 10 finalmente fue acertiva. La población apenas retomaba el aliento, cuando sobrevino el segundo momento crítico. La Fiscalía General de Consuelo Porras, nombrada como “agente corrupta” por la administración Biden, obtuvo la orden de un juez menor para inhabilitar el partido de Arévalo, Movimiento Semilla. El efecto automático de la decisión judicial era subir al balotaje al candidato del prediente Alejandro Giammattei, pero llegó unas horas tarde. El Tribunal Electoral ya había oficializado los resultados electorales del 25 de junio, dando luz verde a Arévalo para competir el 20 de agosto.
A esas alturas el destino del voto ciudadano quedaba en manos de la CC, llamada “la corte celestial” pues dicta la última palabra en todas las materias. El jueves 13, por tercera vez, se sufrieron otras horas de angustia. Quienes integran la CC también fueron seleccionados -y algunos impuestos de manera irregular- por el propio Pacto de Corruptos en 2021. Pero al final de esa tarde la CC refrendó al Tribunal Electoral. Volvió el alma al cuerpo de la democracia, aunque nadie se fía de que no surgirán nuevas amenazas.
La democracia sobrevive por la presión creciente de la ciudadanía y porque la comunidad internacional ha entendido que en Guatemala se puede contener el dominó autoritario en Centroamérica que se ha extendido desde 2018, disparando las migraciones irregulares.
Por otro lado, las deserciones del Pacto son cada vez más notorias. Partidos políticos y cámaras empresariales se han pronunciado a favor del respeto al voto ciudadano y los plazos electorales. Incluso militares retirados y extremistas de derechas están tomando distancias aunque por otros motivos. Éstos empiezan a referirse a su hasta ahora insoportable pero indispensable aliado, el presidente Giammattei, como un “corrupto” porque ha ofrecido custodios oficiales -como lo manda la ley- al candidato Arévalo.
El núcleo duro del Pacto persiste. Lo constituyen Miguel Martínez (33), pareja sentimental de Giammattei (67), y la fiscal Consuelo Porras, además de poderosos empresarios y elites burocráticas y militares solapadas. Martínez, el poder tras el trono, ha nombrado el gabinete de gobierno , incluyendo el alto mando del Ejército , y “sotto voce“ es el ingeniero de la gran corrupcion del régimen, que extendió sus beneficios presisamente a políticos en el Congreso y ciertas elites burocráticas y empresariales. Porras es una católica devota que se piensa a sí misma como la encarnación de Torquemada, decidida a no dar un paso atrás en esta coyuntura electoral. A ellos se han unido los más mediáticos líderes de las iglesias neopentecostales.
El miedo a perder privilegios -empezando por la impunidad de sus actos- y, presuntamente, ser invadidos por la “ideología del globalismo de Biden y Soros y de las identidades sexuales” les inyecta un ánimo kamikaze. Aunque no están dispuestos al suicidio político, siguen decididos a cometer el homicidio de la última instancia de la democracia en Guatemala, el voto ciudadano.
