Por Édgar Gutiérrez*
Vistas desde afuera, las elecciones generales del 25 de junio en Guatemala cumplen con los requisitos formales. Hay 21 candidatos presidenciales -un número récord desde el retorno a la democracia en 1985- y el espectro ideológico de los candidatos va desde ultraconservadores hasta socialdemócratas.
Pero esta no es una elección normal. Con argumentos espurios, tres de los principales candidatos fueron excluidos: la líder indígena de izquierdas Thelma Cabrera; Roberto Arzú, derechista y antistatu quo, y Carlos Pineda, un terrateniente populista que, mediante una eficaz campaña en las redes sociales, saltó a la cima de las encuestas satanizando al régimen.
Esas descalificaciones son síntoma de un problema grave: el Estado de derecho ha sido socavado, la aplicación de las normas se ha vuelto arbitraria y no hay recursos de apelación para quienes disienten del régimen.
El fin del Estado de derecho
La historia comienza en 2007, cuando el Estado dio luz verde a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano supranacional respaldado por las Naciones Unidas y financiado por la comunidad internacional. Junto con el Ministerio Público (MP), la CICIG se embarcó en la campaña anticorrupción más extensa y profunda en la historia del país.
El balance a finales de 2019, cuando la Comisión salió de Guatemala, era impresionante: 122 investigaciones de corrupción a gran escala; 72 estructuras criminales desmanteladas; 680 personas sometidas a proceso judicial, incluyendo 200 funcionarios públicos -entre ellos, cinco ex presidentes- y alrededor de 60 eran accionistas y altos ejecutivos de poderosas corporaciones comerciales. Los tribunales dictaron más de 400 condenas.
Pero los grupos poderosos, que durante mucho tiempo han controlado Guatemala, no se quedaron de brazos cruzados. El llamado Pacto de Corruptos, una alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresarios, lanzó una cruzada incesante para revertir el rumbo. A partir de 2017 pusieron en marcha un efectivo contraataque a través de las redes sociales y medios de comunicación complacientes para provocar confusión y división en la sociedad, al mismo tiempo que inducían una grieta en el consenso de Washington de apoyo a la lucha contra la corrupción.
Sus cabilderos leyeron perfectamente a la administración Trump: si el gobierno guatemalteco reprimía los flujos migratorios, a cambio recibiría el visto bueno de la Casa Blanca para desmantelar a la insufrible CICIG. Y así ocurrió. El senador de Florida Marco Rubio e, irónicamente, Bill Browder, el empresario crítico del Kremlin y promotor de la Ley Magnitsky, desempeñaron papeles clave en la operación.
Acto seguido, recapturaron todas las instituciones de contrapeso, incluido el MP, teniendo a su servicio una fiscal general, Consuelo Porras, que asume un rol oscurantista con vocación de inquisidora medieval. Torquemada. E inmediatamente fueron a la caza implacable de fiscales y jueces independientes, periodistas críticos y activistas civiles. Más de un centenar de ellos han tenido que exiliarse y otros, como la exfiscal Virginia Laparra y el periodista José Ruben Zamora, están siendo sometidos a juicios sumarios .
Mientras tanto, a más de 90 líderes e integrantes de poderosas redes de corrupción y crimen les abrieron de par en par las puertas de la cárcel y sus casos fueron archivados. Así, con la ayuda de los fiscales de Porras, quedó enterrada más de una década de arduo trabajo investigativo y procesal.
Candidatos a la carta
Por simple inercia, el proceso electoral ha caminado sin reglas. Arbitrariamente, los tribunales descalificaron candidatos y admitieron a otros con serios impedimentos legales. Es el caso de Sandra Torres y Zury Ríos.
Torres, esposa del expresidente Álvaro Colom (2008-12), activista de los programas de asistencia social que fomentan su base electoral, es aspirante a la Presidencia por tercera vez consecutiva. En 2019 fue encarcelada bajo la acusación de recibir financiamiento ilícito en su campaña de 2015. Los cargos le anulaban sus derechos políticos, pero uno a uno los tribunales fueron dictando fallos a su favor. Fue beneficiada con arresto domiciliar, luego se le permitió realizar campaña electoral, hasta que finalmente el caso quedó abandonado. Fue el premio que recibió por el apoyo que su partido, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la primera minoría en el Congreso, brindó al gobierno. Sus votos le permitieron al presidente Alejandro Giammattei manejar bajo normas excepcionalmente opacas los mayores presupuestos públicos de la historia, en el contexto de la emergencia por la pandemia.
En el caso de Ríos, este es su cuarto intento. En 2011 la proclamó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por su papá, Efraín Ríos Montt, el general autócrata que avaló actos de genocidio contra pueblos indígenas (1982-83); precozmente, ella abandonó la campaña arguyendo bajas recaudaciones de dinero. En 2015 se postuló por el partido Visión con Valores (Viva), pero se le impidió correr por una cláusula constitucional que veta a los familiares de caudillos golpistas. En 2019 se postuló por el partido Valor y quedó en quinto lugar. En esas tres ocasiones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a inscribirla. En estas elecciones, todos órganos competentes, incluida la Corte de Constitucionalidad, controlados por el Pacto de Corruptos, se hicieron de la vista gorda.
Por su parte, el partido oficialista Vamos ha centrado sus esfuerzos electorales en reclutar dos centenares de alcaldes para nutrir el voto de su moribundo candidato presidencial y reunir diputados en el próximo Congreso financiando a al menos seis partidos satélites. El dinero de la multimillonaria campaña de 2023 sale del cofre del tesoro público, y otra parte significativa proviene de los narcos .
De los 21 candidatos que sobrevivieron a la purga, son dos lo que tienen más probabildades de pasar a la segunda vuelta el 20 de agosto: Sandra Torres y Edmond Mulet. Ríos aparecía favorita hasta abril pasado, pero aparentemente ha caído en desgracia entre los votantes. En la última semana de campaña, un segundo pelotón de candidatos -donde asoman dos socialdemócratas- tiende a cerrar la brecha con los punteros, de acuerdo a las encuestas. Mientras que el gobierno insiste con mucha seguridad que su candidato -que sigue muy rezagado- pasará a la segunda vuelta.
Mulet, cuya participación ha estado por momentos en la cuerda floja, es un político conservador pero institucional, que, sin embargo, ha copado su partido, Cabal, con gente afin al Pacto de Corruptos. Su movimiento más audaz hasta ahora fue declarar que, si ganaba, destituiría a la fiscal Porras, sancionada como “agente corrupta” por la administración Biden. Esto le puede atraer votantes moderados, pero también ha inquietado al Pacto de Corruptos. Hizo el anuncio después de que la boleta electoral estaba impresa.
Riesgos de ingobernabilidad
Unas elecciones sin ley, regidas por un Tribunal Supremo Electoral (TSE) débil y que despierta desconfianza entre la población, son caldo de cultivo para un cierre de elecciones con alto potencial de ingobernabilidad. En las últimas semanas el Pacto de Corruptos se ha estado fracturando. Ríos y sus patrocinadores no aceptan quedar fuera del juego y comienzan a denunciar maniobras tramposas desde el oficialismo.
Saben que el proceso es también muy vulnerable. Los equipos de cómputo para la transmisión de los resultados electorales que el TSE adquirió son de dudosa procedencia y los administradores locales tienen mala reputación . Además, sin una justificación clara, los magistrados reemplazaron casi el 90% a las Juntas Electorales Departamentales, que son las entidades locales que validan los resultados. En su lugar, colocaron a funcionarios del gobierno, abogados de candidatos, representantes legales y trabajadores de firmas contratistas del Estado, muchos de los cuales tienen claros conflictos de interés.
Por si fuera poco, localmente los ánimos comienzan a caldearse y las Cortes toman decisiones de última hora que abonan la incertidumbre.
*Edgar Gutiérrez es analista político y fue Canciller de Guatemala.
